El Gobierno retrasa dos años la entrada en vigor de la administración electrónica a través de un decreto-ley.
Se ha incluido, a través del Real Decreto Ley 11/2018, una disposición final de la ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común que DETERMINA NECESARIO AMPLIAR EN DOS AÑOS (2 DE OCTUBRE DE 2020) el plazo inicial.